Los costos de la violencia y el terrorismo

Publicado en diciembre 1 de 2014

Periódicamente estaremos tratando el tema de la competitividad de Colombia desde la óptica propuesta por el Foro Económico Mundial en su Reporte de Competitividad Global. En esta ocasión hemos decidido enfocarnos en el tema de los costos de la violencia y el terrorismo sobre los negocios. Recordemos que este estudio se realiza sobre un total de 144 países y que la calificación máxima posible es de 7, que en este caso significaría que la violencia y el terrorismo no imponen costos sobre los negocios, y la mínima es de 1, en cuyo caso tales costos serían altamente significativos. Ahora bien, Colombia ocupa el puesto 138 con una calificación de 2.7, superando a Pakistán (2.7), Líbano (2.6), Mali (2.5), Libia (2.4), Egipto (2.4) y Yemen (2.3). Esta situación, sin duda compleja, refleja una evolución positiva en apariencia, por cuanto en el reporte correspondiente a los años 2012-2013 ocupábamos el último lugar con una calificación de 2.9; y es que la mejora solo se da en apariencia por cuanto la lectura de la calificación obtenida no muestra que esta percepción de costo haya mejorado, sino simplemente que la de los países a quienes superamos empeoró a un ritmo superior al nuestro.

Pero entonces, ¿En qué afecta esto a los nuevos negocios en Colombia? La respuesta es sencilla: uno de los principios básicos de las finanzas argumenta que en la medida en la cual se registran mayores niveles de riesgos no vinculados directamente a la operación del negocio (riesgo sistémico), las expectativas de rentabilidad por parte de los inversionistas deben aumentar, en otras palabras, la tasa mínima requerida de retorno es mayor, lo cual conduce a un encarecimiento de los capitales disponibles para operar. Pero eso no es todo, es lógico pensar que implícitamente, cada actividad económica presenta niveles de riesgo propios, vinculados a su operación propia, con lo cual los capitales se dirigirán o bien a aquellas con riesgos operativos bajos o en su defecto, a las que generen altos niveles de rentabilidad como es el caso del sector minero – energético, la intermediación financiera o las actividades comerciales. De otro lado, los mayores costos implícitos en los procesos productivos derivan en deterioro de la cultura de la productividad, imposibilidad de optimizar la localización empresarial por la existencia de territorios vedados en materia de seguridad, dificultades para tejer una infraestructura física que realmente atienda los requerimientos del país (por ejemplo una de las razones que se arguye para explicar el bajo desarrollo férreo, es la vulnerabilidad de esta infraestructura), y en un sin número de variables más que encarecen la producción y hacen que se pierda competitividad de cara a la integración global.

Así las cosas, son más que justificadas todas las acciones que deriven en una recomposición social que apunte a una solución sostenible de este problema, el punto estratégico radica en acertar en relación con cuál es el orden políticamente acertado para llevar a cabo tales acciones y en esa decisión, tanto lo público como lo privado tienen responsabilidades compartidas.

Si usted requiere análisis del impacto social sobre sus decisiones de inversión, por favor contáctenos.