Pese al claro mensaje emitido por la Junta Directiva del Banco de la República en relación con la dirección que debería adoptar el crédito de consumo en Colombia, los intermediarios financieros aún mantienen cierta rigidez en el costo al cual están dispuestos a colocar los recursos de crédito de consumo y ordinario en el mercado. Así se deduce de al certificación de la tasa de usura, por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para el trimestre abril - junio de 2017, el cual permaneció prácticamente inamovible, demostrando que el rezago existente entre las señales de la Banca Central y las decisiones de los intermediarios es aún significativamente grande, aplazando con ello los beneficios de la expansión de la producción vía demanda interna, en medio de un ambiente de inflación que aún genera margen para ello y mostrando la poca flexibilidad de unas tasas de interés reales que aún se ubican en un segmento alto en relación con las previsiones de la variación del IPC para el presente año.
Dejando por fuera las implicaciones alrededor de lo que podría ser un aumento del IVA en caso tal que Gobierno y Congreso acepten las recomendaciones de la comisión de expertos, los impactos esperables sobre el precio de los alimentos, resultantes de un verano que aún puede durar tres meses más, y la exposición a la volatilidad del dólar que continuará afectando los precios de los importados, el gobierno colombiano decretó un aumento del 7% en el salario mínimo legal mensual vigente para los colombianos, cifra equivalente a 45.105 pesos con lo cual la nueva compensación mínima será de $689.455, todo ello en medio de un escenario en el que la inflación año corrido para los ingresos bajos con corte a noviembre alcanza 6.49% con lo cual este aumento podría quedarse corto para compensar a la pérdida de poder adquisitivo que se acumulará a diciembre, de hecho en ciudades como Manizales, Sincelejo, Barranquilla, Montería, Neiva, Cartagena, Armenia, Riohacha y Florencia la inflación para est
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